La Ley para solucionar los peligros que acechan al Pueblo y al Estado (Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich), mejor conocida como la Ley habilitante de 1933 (Ermächtigungsgesetz, en alemán) fue aprobada por el Parlamento alemán el 23 de marzo de 1933, tras encerrar a todos los diputados del Partido Comunista de Alemania en campos de concentración. Fue el segundo instrumento jurídico, después del Decreto del Incendio del Reichstag, mediante el cual los nacionalsocialistas obtuvieron poderes dictatoriales bajo una apariencia de legalidad. La ley concedía al Canciller Adolf Hitler y a su gabinete el derecho a aprobar leyes sin la participación del parlamento, lo que supuso de facto el fin de la democracia, de la República de Weimar y de su Constitución.
El Reichstag ha puesto en vigor la siguiente ley, la cual es proclamada con el consentimiento del Reichsrat, habiendo sido establecido que los requisitos para una enmienda constitucional han sido cumplidos: