Nunca en la historia de Europa un grupo tan reducido de hombres pequeños, de mente pequeña y de ambición personal infinita, sin moral, sin ideales y sin patriotismo y gracias, exclusivamente, al sistema electoral proporcional han hecho tanto daño permanente a una nación como los llamados "padres de Transición".
En
1975, la renta per cápita española, después de una carrera de
crecimiento económico sin paralelo en el mundo occidental, equivalía, según
Funcas, al 81,3% de la media de los nueve países europeos miembros de la
entonces CEE. En 1959 era tan sólo el 55%, una
cifra propia de un país subdesarrollado. Esta renta relativa a los países
centrales de Europa sería la primera víctima del desastre
político—económico de la Transición, que hundiría nuestro proceso de
convergencia con la CEE hasta el 70,8% en 1985. Y en los 37 años transcurridos
este nivel no se recuperaría jamás, ni siquiera con las cifras oficiales del
PIB, que desde 2008 sobrevaloran la realidad en un 30% y en 2012 situaron el
nivel en el 73,3 %.
Pero
no se trata sólo de la convergencia con los países centrales. El resto de
indicadores también fallaban. La industria, que representaba el 36% del PIB en
1975, fue desmantelada y hoy representa un 14%. Las rentas salariales, que
suponían en aquel año un 62,8% del índice (de acuerdo con los datos de BBVA),
se han desplomado al 44,2% —a finales de 2012—, la cifra más baja de toda
Europa. El 10% más rico de la población, que poseía un 26% de la riqueza en
1975, posee hoy el 48% y, además, el 70% de la riqueza financiera.
El paro era entonces del 2% —o del 6% si consideramos a los emigrantes como
desempleados— y ahora se sitúa en el 27%. El hundimiento económico fue
tal que, de un crecimiento real del 7,5% anual en el periodo 1959—1975, se pasó
al 0,8% en el periodo 1976—1985. Y la inflación se disparó desde el 7 al 44% a
mediados de 1977, mientras que la deuda externa se multiplicó por cuatro. En
sólo dos años los traidores de la Transición colocarían a España al
borde del colapso, primero, y en un nivel de crecimiento inferior a su
potencial, después.
Sin
embargo, ese no era el destino de España. Todos los países europeos
se recuperaron rápidamente de la crisis del petróleo, excepto nosotros. Un
ejemplo perfecto para cuantificar lo que España pudo y debió ser es
Irlanda. En 1975 Irlanda y España tenían la misma renta per cápita:
10.000 dólares. En los años siguientes, Irlanda subió como la espuma, mientras
que España se hundió, primero, y creció mucho menos, después. Hoy el PIB per
capita de Irlanda es un 29% superior al nuestro, pero como nuestro PIB oficial
es falso y está sobrevalorado en un 30%, la realidad es que la renta per capita
española sería un 46% inferior.
Los
traidores de la Transición
Nunca
en la historia de Europa un grupo tan reducido de hombres pequeños, de mente
pequeña y de ambición personal infinita, sin moral, sin ideales y sin
patriotismo y gracias, exclusivamente, al sistema electoral proporcional —el
mismo sistema que permitió a Hitler y Mussolini la conquista del Estado— han
hecho tanto daño permanente a una nación como los llamados “padres de
Transición”, que la Historia recordará algún día como padres de la
Traición.
La
primera y gran traición fue la de todos los partidos ilegales, el grupo de los nueve, al compromiso
escrito y firmado por todos ellos en el despacho del jurista Antonio
García Trevijano sobre la obligación recíproca de actuar todos en la
misma dirección. Los puntos esenciales de ese compromiso eran:
· No
aceptar por separado ninguna legalización de partidos que no fuera simultánea a
todos ellos.
· No
aceptar ningún sistema político que no fuera una democracia representativa.
· No
aceptar ningún régimen que no fuera resultado de un referéndum para la libre
elección de los españoles de la Monarquía o la República e implantar una ley
electoral similar a la francesa.
Un
compromiso que no sería cumplido en ninguno de sus puntos. Cada partido
tiró para su lado comenzando por la deslealtad del PSOE de Felipe González,
que quiso entrar, de acuerdo con Fraga, por la ventanilla de Carlos Arias. Esa
era la naturaleza de la oposición a Franco, cuyo único interés era participar
en el poder político, en el poder económico y en la adulación social, y de los
que Cela diría: “Si fueran hombres, se habrían pegado un tiro”; pero no lo
eran.
Se
repetía la famosa sentencia de Ortega y Gasset en la que
afirmaba que “cuando en España se habla de reconciliación y de consenso, hay
seguro un reparto de botín”. ¡Y que botín! Inventarían el Estado de las
autonomías para dividir España y repartírsela como despojos.
Institucionalizarían la corrupción, el pelotazo y el pacto con las élites
depredadoras financieras y monopolistas que, junto con el nepotismo y la
incompetencia, serían sus principales señas de identidad.
La
idea de reparto del botín partió del PSOE y, más concretamente, de Enrique
Múgica, que con una miseria moral inaudita afirmaría: “Lo de las ideas
está muy bien, pero lo importante son los partidos y las personas que
defienden la democracia; y no hay puestos para todos, por lo que es
imprescindible crearlos mediante la desconcentración del poder”. Esto implicaba vaciar
de competencias y de poder al Estado español. Antes de eso, Suárez había
prometido a Tarradellas y al PNV por separado devolver a Cataluña y al País
Vasco la autonomía que les fue anulada después de la guerra civil. Les engañó
vilmente, lo que ha acabado creando un problema mayor.
Suárez, un político mediocre y
cortoplacista sin ninguna visión de España, aceptó entusiasmado la idea del
PSOE de crear una estructura de Estado donde hubiera puestos de poder para
todos, ya que su partido, la UCD, un hatajo de oportunistas sin ningún ideal,
ni desde el punto de vista ideológico ni patriótico, sólo querían parcelas de
poder para poder trincar a manos llenas. Y fue el origen de la destrucción de
la nación española y de su ruina económica. Y así, el andaluz Arévalo, que no
estaba dispuesto a renunciar a su parte del botín, hizo su propuesta a Suárez y
este aceptó el “café para todos”. Se trata, sin duda, de uno de los
mayores y más graves errores de toda la historia de España. Parafraseando a
Mario Vargas Llosa, fue entonces cuando “se jodió España”. El país se
dividió en diecisiete taifas ingobernables, despilfarradoras y corruptas,
que arruinarían a la nación y la encaminarían hacia su destrucción, física,
moral y social.
González
vuelca la balanza a favor de la oligarquía política
La
traición de los padres de la Transición al implantar un modelo de
Estado que les permitiera expoliar España con total impunidad la
ocultaron con un mito repetido por ellos y por todos los medios y plumas
mercenarias a su servicio. Y constituye uno de los mayores engaños de nuestra
larga historia: “Nosotros hemos traído la democracia”. Nada más falso. A la
muerte de Franco, un régimen autoritario en una Europa democrática era
insostenible, como lo fue el mantenimiento de las dictaduras del Este tras la
retirada soviética. La democracia se habría implantado en España con
ellos o contra ellos.
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García Trevijano |
Lo
que hicieron en realidad fue hurtar la democracia a los españoles con el
establecimiento de un sistema oligárquico de partidos, que permitiera a una
casta política incompetente y corrupta mantenerse en el poder indefinidamente,
impidiendo que los ciudadanos pudieran elegir libremente a sus representantes
como en el resto de las democracias. Ni un solo historiador o cronista, la
mayoría atados al pesebre, ha contado la verdad de lo que en realidad sucedió.
Y para rematarlo, asustaron a los ciudadanos con el cuento chino del “ruido
de sables”, un invento Santiago Carrillo a sabiendas de
que era mentira, algo habitual en el comportamiento de tan siniestro personaje.
Y
lo sabía porque Antonio García Trevijano, que era el encargado en
la Junta de mantener los contactos con a las Fuerzas Armadas, les informaría
reiteradamente de que Manuel Díez Alegría, jefe del Alto Estado Mayor y máxima
autoridad del Ejército, Luis Díez Alegría, director General de la Guardia
Civil, Camilo Alonso Vega, ministro de la Gobernación y director general de
Seguridad y jefe de la Policía, el coronel Eduardo Blanco y el Teniente General
José Vega Rodríguez, con los que estaba en contacto permanente, estaban
dispuestos a respaldar la voluntad popular y la democracia. Quien no lo
estaba era la oligarquía política que se había autoproclamado portavoz
del pueblo. Sólo querían el poder y su parte en el botín, y quien no estaba
conforme era un fascista.
Fraga,
que fue embajador en Londres, estaba entusiasmado con el sistema electoral
inglés de elección uninominal por distritos, sin lista alguna. Eso no convenía
en absoluto a ninguno de los partidos, porque ni tenían partidarios, ni eran
conocidos, no eran nadie ante la sociedad civil. Suárez, Gutiérrez Mellado,
Fernando Abril y Alfonso Guerra llamaron por teléfono a Felipe González, que
estaba en Moscú. Y éste decidió, con el apoyo entusiasta de Suárez, implantar
un sistema oligárquico de partidos sin separación de poderes, la antítesis de
la democracia. González, a cambio, se comprometió a no pedir un referéndum
sobre monarquía o república, traicionando así los acuerdos firmados y a
los españoles.
A
partir de este momento, la suerte estaba echada. La ley electoral fue
impuesta por la oligarquía política y jamás fue sometida a aprobación
por parte del pueblo español. Adicionalmente, no sólo el poder legislativo y el
poder judicial, sino todas las instituciones de control, como el Banco de
España, el INE y el Servicio de Competencia, quedaron sometidas al poder
político o a la Fiscalía Anticorrupción, diseñada para proteger a las élites
corruptas políticas, financieras y económicas. “Montesquieu ha muerto”, diría
Alfonso Guerra en un arrebato de cinismo y de desprecio por los ciudadanos.
Habían robado la democracia a los españoles e instituido un
Estado para el expolio permanente de España sin riesgo alguno.
El
ministro de Hacienda de González, Carlos Solchaga, el gran apóstol
del pelotazo, afirmaría públicamente: “España es el país del mundo donde más
rápido puede uno hacerse rico”. Cualquiera con poder de decisión puede exigir
comisiones con total impunidad, algo que se convertiría en el procedimiento
habitual para obtener contratos públicos, recalificaciones y cualquier tipo de
favor político. Hoy Rajoy está comprando, con miles de millones de los
españoles, el aplazamiento del referéndum en Cataluña cuando podría prohibirlo
imponiendo la legalidad como es su obligación. Y PP y PSOE han pactado
pasar página en el caso Urdangarin, en los ERE de Andalucía y en los
presuntos sobresueldos y financiación ilegal del PP.
Abril Martorell y A. Guerra |
La Constitución
sería un gigantesco engaño al pueblo español, al que se le ofreció en
bloque la monarquía, el sistema de partidos, el sistema electoral de listas
cerradas, la ausencia de toda forma de separación de poderes y cargar sobre los
ciudadanos el inmenso derroche de diecisiete Gobiernos dotados de todos los
elementos de un Estado real, aparte los gastos de los partidos, sindicatos y
patronal. No hubo alternativa. El resto lo haría una propaganda masiva y
absolutamente mendaz dirigida a uno de los pueblos peor informados e indolentes
de Europa, una propaganda que pretendía que con eso se implantaba la
democracia, cuando era justo lo contrario.
Ahora
se están pagando las consecuencias, porque sin democracia, sin separación de
poderes y con una estructura de Estado imposible de financiar, España jamás
podrá superar la crisis de forma estable. A esto se añade un Gobierno
en estado de caos, con un presidente cobarde incapaz de poner orden, donde
todos están contra todos, y con barones y alcaldes que van por libre sion
obedecer a nadie más que a sus propios intereses personales y que actúan con el
dinero que, en lugar de intervenirlos, les entrega el irresponsable de Rajoy.
Roberto
Centeno
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