El Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas financia, mediante la participación en ingresos del
Estado y otras partidas, a la mayoría de los ayuntamientos de la Associació de
Municipis per la Independència (AMI), que al ser muchos de ellos pequeños
municipios dependen de la financiación gubernamental para garantizar su
viabilidad.
Centenares de ayuntamientos catalanes se han adherido a la Associació de Municipis per la Independència (AMI), un ente destinado a promover el separatismo e incumplir la ley en los municipios en los que gobierna al amparo de la legalidad que quieren vulnerar. Sus actividades son las previsibles y conocidas: decorar rotondas -casi siempre de dudoso gusto estético- con esteladas, ceder locales a coste cero a agrupaciones locales de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), dar cobertura con recursos materiales o humanos municipales a las performances que el independentismo organiza, etc.
Pero cabe preguntarse: ¿Cómo se financian los municipios independentistas? Y lo que es más interesante: ¿Tienen los vecinos no independentistas derecho a sentirse liberados de su ayuntamiento separatista y por lo tanto objetar del pago de impuestos municipales? Temo que la vulneración de la ley es unidireccional. Solo la pueden conculcar aquellos que prometieron cumplirla y hacerla cumplir en el momento de acceder al cargo.
