En los últimos meses, asistimos con preocupación al intento de reforma de la Ley de Parque Nacionales. Se trata de aplicar a los espacios naturales que sobreviven los mismos criterios que han ido arrasando el resto del territorio: la eliminación de cualquier tipo de traba social, ecológica o humana a la compulsiva obtención de beneficios y al disfrute privilegiado de quienes poseen fincas dentro de los mismos.
La vuelta de tuerca se produjo cuando, en el último minuto, la ministra Tejerina y el Partido Popular intentaron introducir una enmienda en el Senado que permitiera saltar por encima de la disposición que situaba en el año 2017 el final de las monterías en fincas privadas. La enmienda señalaba que la administración impulsaría ”acuerdos voluntarios” para que los “titulares de derechos” fueran indemnizados a cambio de renunciar a su actividad cazadora, dejando la puerta abierta a que los grandes latifundistas elijieran libremente entre la caza o la indemnización con dinero público, así como a que se mantuvieran otras actividades consideradas incompatibles con un parque nacional. El argumento del Gobierno era la necesidad de velar por la “seguridad jurídica” de los grandes propietarios privados. Detrás del genérico “titulares de derecho” se esconden, por ejemplo, personas como Alberto Alcocer, Alberto Cortina o el naviero Alejandro Aznar, marido de Mónica Oriol, presidenta del Círculo de Empresarios.
