No llegan ni a cien. Es un pueblo pequeño, casi una aldea, a 40 kilómetros de Jaca, pero su voluntad de defender su medio de vida y el bello entorno natural en el que está situado ha logrado postergar la ejecución de algunas de las órdenes de expropiación que pesan sobre al menos 60 hectáreas de sus mejores tierras.
En todas las ocasiones que los funcionarios de la CHE se han presentado en Artieda para levantar acta de estas expropiaciones se han encontrado en el acceso a la localidad con una manifestación de vecinos, capitaneados por su alcalde, Javier Jiménez (CHA), a los que se unen activistas llegados de otras partes de Aragón, de Navarra, del País Vasco y de Cataluña.
Como muchas otras veces, los vecinos se habían concentrado este miércoles para tratar de paralizar las expropiaciones. Sin embargo, por primera vez en treinta años, explica Valentín Cazaña, presidente de la Coordinadora de Afectados por Grandes Embalses y Trasvases (COAGRET), “la protesta pacífica ha sido violentamente disuelta por los antidisturbios de la Guardia Civil”.
Nada más llegar a la carretera que da acceso al pueblo, los cerca de 200 manifestantes se han visto “sorprendidos por la presencia de un helicóptero y de unas diez o quince furgonetas de los antidisturbios”, explica Cazaña. A este activista le ha llamado la atención el hecho de que, en esta ocasión, los funcionarios de la CHE permanecieran a una distancia prudencial -300 metros- de la manifestación.
Cuando los vecinos del pueblo, entre los que había ancianos y niños, “estaban desprevenidos leyendo un manifiesto de rechazo a las expropiaciones”, los agentes, pertrechados con cascos y porras, “han cargado contra los vecinos con gran violencia y han herido a diez personas”, explica el presidente de COAGRET.
MásPúblico se ha puesto en contacto con la Guardia Civil de Zaragoza para recabar su versión. Según fuentes de este cuerpo, los agentes del Grupo Rural de Seguridad (GRS) “han intentado pacíficamente hacer un pasillo entre los manifestantes en Artieda, que entonces se les han echado encima, por lo que se ha producido un altercado”. Las fuentes informaron de que entre los heridos hay dos agentes.
El relato de los activistas es bien diferente: “Los antidisturbios han propinado porrazos y puñetazos a la gente, la han empujado y han actuado con gran violencia”, deplora Cazaña. Los heridos han tenido que acudir al centro de salud de la cercana localidad de Berdún.
Para este activista, “es evidente que todo lo que está sucediendo no es una coincidencia: las cargas en Madrid, durante el 25-S, en Galicia contra sindicalistas, y también en Murcia y en Cataluña. Se trata de una respuesta represiva contra ciudadanos que protestan pacíficamente para ejercer sus derechos más elementales”.
“Aquí hay gente joven que lucha por defender la supervivencia de su pueblo, que no quieren abandonar, y lo que están denunciando es que hay alternativas a una obra, cuyo precio es de 350 millones de euros, que hipoteca su futuro pues les priva de su medio de vida”, asegura.
La mayor parte de los habitantes de Artieda vive de la agricultura y la ganadería, aunque también hay proyectos para promover el turismo rural, una actividad que se vería comprometida si se recrece el embalse de Yesa. Inaugurado en 1960, este pantano desalojó de sus casas a los habitantes de muchos pueblos de la zona e inundó 2.408 hectáreas de tierras de cultivo, de las que 1.000 eran de excelente calidad.
El viaducto fantasma
El recrecimiento del pantano de Yesa es un viejo proyecto que data de 1992 reactivado ahora por el ministro de Agricultura. Miguel Arias Cañete incluso se ha comprometido a terminar las obras en 2015. Los habitantes de Artieda y activistas de la COAGRET y de otras asociaciones, como Río Aragón, denuncian un proyecto que les parece que no tiene sentido a la luz del hecho de que el volumen de agua que el embalse suele tener queda muy lejos de su capacidad de almacenamiento.
La sombra de los beneficios económicos para las grandes empresas de obras públicas se insinúa tras los intereses que promueven este proyecto. Valentín Cazaña recalca, por ejemplo, como en el proyecto inicial de recrecimiento del embalse, luego descartado en favor del actual que prevé una capacidad menor, se incluía la construcción de un enorme viaducto. Las obras de este puente elevado que ya no será necesario no se han abandonado y siguen adelante en manos de ACS, Ferrovial y FCC.
De esta obra, cuya utilidad nadie conoce, se elevan ya hacia el cielo los enormes pilares que deben sustentarla, columnas”de unos 70 metros”, que tienen un enorme impacto visual y ambiental en una zona de gran valor ecológico.
“¿Por qué se sigue construyendo este viaducto que no sirve para nada?”, se pregunta el activista. De momento, la CHE y las autoridades locales han dado la callada como única respuesta.
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